El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó ayer un nuevo sistema que endurece los controles migratorios en los aeropuertos, por el cual se le exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información previa sobre todo pasajero que entre o salga de la Argentina.
Se trata del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus siglas en inglés), que se aplicará a partir de mañana: la nueva regulación apunta a determinar si una persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen, razón por la cual el ministro destacó que se trata de "una medida contra los delitos, no migratoria".
Frigerio presentó el sistema API durante una conferencia de prensa en la Dirección Nacional de Migraciones junto al responsable de esa área, Horacio José García, quien confirmó que la nueva modalidad "se aplica a partir de este jueves".
El responsable de la cartera de Interior subrayó que el objetivo de "agilizar los trámites migratorios pero también tener información precisa de quiénes ingresan y egresan del país", y agregó: "Tenemos que abrirles la puerta a todos los hombres de bien, pero a los delincuentes no, a los delincuentes no los queremos".
El ministro señaló que cuando se detecte que un viajero tiene causas con la Justicia habrá una "comunicación con el país que lo requiere, con la Justicia de ese país, y ahí se determinará qué hacer".
Al ser consultado sobre los costos de enviar a una persona de vuelta a su país de origen cuando se detecte una situación judicial irregular, explicó: "Trataremos de hablar con la misma aerolínea que lo trajo sin chequear los antecedentes para que se hagan cargo de regresarlo a su país".
Según se informó, el sistema API les exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información específica de todo pasajero que entre o salga de la Argentina.
Los propios viajeros deberán brindarles a las aerolíneas comerciales su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, fecha de vencimiento y país de emisión de pasaporte y dirección de destino.
Esta información será contrastada luego con un sistema de información de Interpol por las autoridades argentinas para detectar casos de extranjeros que tengan pedido de captura en la Argentina o en otro país y así actuar en consecuencia.
Esta norma no alcanzará a los ciudadanos argentinos, residentes permanentes legales o extranjeros residentes, se informó oficialmente.
La iniciativa se produce en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que busca implementar el Gobierno a través de un decreto que se firmaría en los próximos días y que apunta a "impedir" el ingreso de delincuentes extranjeros al país y expulsarlos con mayor celeridad.
Puntualmente, se busca establecer que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses.
Para ello, se dispone la "obligación" para el Poder Judicial de "notificar" a la Dirección Migraciones "de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero", lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.
Se trata del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus siglas en inglés), que se aplicará a partir de mañana: la nueva regulación apunta a determinar si una persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen, razón por la cual el ministro destacó que se trata de "una medida contra los delitos, no migratoria".
Frigerio presentó el sistema API durante una conferencia de prensa en la Dirección Nacional de Migraciones junto al responsable de esa área, Horacio José García, quien confirmó que la nueva modalidad "se aplica a partir de este jueves".
El responsable de la cartera de Interior subrayó que el objetivo de "agilizar los trámites migratorios pero también tener información precisa de quiénes ingresan y egresan del país", y agregó: "Tenemos que abrirles la puerta a todos los hombres de bien, pero a los delincuentes no, a los delincuentes no los queremos".
El ministro señaló que cuando se detecte que un viajero tiene causas con la Justicia habrá una "comunicación con el país que lo requiere, con la Justicia de ese país, y ahí se determinará qué hacer".
Al ser consultado sobre los costos de enviar a una persona de vuelta a su país de origen cuando se detecte una situación judicial irregular, explicó: "Trataremos de hablar con la misma aerolínea que lo trajo sin chequear los antecedentes para que se hagan cargo de regresarlo a su país".
Según se informó, el sistema API les exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información específica de todo pasajero que entre o salga de la Argentina.
Los propios viajeros deberán brindarles a las aerolíneas comerciales su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, fecha de vencimiento y país de emisión de pasaporte y dirección de destino.
Esta información será contrastada luego con un sistema de información de Interpol por las autoridades argentinas para detectar casos de extranjeros que tengan pedido de captura en la Argentina o en otro país y así actuar en consecuencia.
Esta norma no alcanzará a los ciudadanos argentinos, residentes permanentes legales o extranjeros residentes, se informó oficialmente.
La iniciativa se produce en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que busca implementar el Gobierno a través de un decreto que se firmaría en los próximos días y que apunta a "impedir" el ingreso de delincuentes extranjeros al país y expulsarlos con mayor celeridad.
Puntualmente, se busca establecer que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses.
Para ello, se dispone la "obligación" para el Poder Judicial de "notificar" a la Dirección Migraciones "de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero", lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.
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El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, presentó ayer un nuevo sistema que endurece los controles migratorios en los aeropuertos, por el cual se le exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información previa sobre todo pasajero que entre o salga de la Argentina.
Se trata del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus siglas en inglés), que se aplicará a partir de mañana: la nueva regulación apunta a determinar si una persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen, razón por la cual el ministro destacó que se trata de "una medida contra los delitos, no migratoria".
Frigerio presentó el sistema API durante una conferencia de prensa en la Dirección Nacional de Migraciones junto al responsable de esa área, Horacio José García, quien confirmó que la nueva modalidad "se aplica a partir de este jueves".
El responsable de la cartera de Interior subrayó que el objetivo de "agilizar los trámites migratorios pero también tener información precisa de quiénes ingresan y egresan del país", y agregó: "Tenemos que abrirles la puerta a todos los hombres de bien, pero a los delincuentes no, a los delincuentes no los queremos".
El ministro señaló que cuando se detecte que un viajero tiene causas con la Justicia habrá una "comunicación con el país que lo requiere, con la Justicia de ese país, y ahí se determinará qué hacer".
Al ser consultado sobre los costos de enviar a una persona de vuelta a su país de origen cuando se detecte una situación judicial irregular, explicó: "Trataremos de hablar con la misma aerolínea que lo trajo sin chequear los antecedentes para que se hagan cargo de regresarlo a su país".
Según se informó, el sistema API les exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información específica de todo pasajero que entre o salga de la Argentina.
Los propios viajeros deberán brindarles a las aerolíneas comerciales su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, fecha de vencimiento y país de emisión de pasaporte y dirección de destino.
Esta información será contrastada luego con un sistema de información de Interpol por las autoridades argentinas para detectar casos de extranjeros que tengan pedido de captura en la Argentina o en otro país y así actuar en consecuencia.
Esta norma no alcanzará a los ciudadanos argentinos, residentes permanentes legales o extranjeros residentes, se informó oficialmente.
La iniciativa se produce en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que busca implementar el Gobierno a través de un decreto que se firmaría en los próximos días y que apunta a "impedir" el ingreso de delincuentes extranjeros al país y expulsarlos con mayor celeridad.
Puntualmente, se busca establecer que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses.
Para ello, se dispone la "obligación" para el Poder Judicial de "notificar" a la Dirección Migraciones "de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero", lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.
Se trata del sistema de Información Anticipada de Pasajeros (API por sus siglas en inglés), que se aplicará a partir de mañana: la nueva regulación apunta a determinar si una persona que ingresa o egresa de la Argentina es requerida por la Justicia local o su país de origen, razón por la cual el ministro destacó que se trata de "una medida contra los delitos, no migratoria".
Frigerio presentó el sistema API durante una conferencia de prensa en la Dirección Nacional de Migraciones junto al responsable de esa área, Horacio José García, quien confirmó que la nueva modalidad "se aplica a partir de este jueves".
El responsable de la cartera de Interior subrayó que el objetivo de "agilizar los trámites migratorios pero también tener información precisa de quiénes ingresan y egresan del país", y agregó: "Tenemos que abrirles la puerta a todos los hombres de bien, pero a los delincuentes no, a los delincuentes no los queremos".
El ministro señaló que cuando se detecte que un viajero tiene causas con la Justicia habrá una "comunicación con el país que lo requiere, con la Justicia de ese país, y ahí se determinará qué hacer".
Al ser consultado sobre los costos de enviar a una persona de vuelta a su país de origen cuando se detecte una situación judicial irregular, explicó: "Trataremos de hablar con la misma aerolínea que lo trajo sin chequear los antecedentes para que se hagan cargo de regresarlo a su país".
Según se informó, el sistema API les exigirá a todas las líneas aéreas la recopilación de información específica de todo pasajero que entre o salga de la Argentina.
Los propios viajeros deberán brindarles a las aerolíneas comerciales su nombre completo, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, país de residencia, fecha de vencimiento y país de emisión de pasaporte y dirección de destino.
Esta información será contrastada luego con un sistema de información de Interpol por las autoridades argentinas para detectar casos de extranjeros que tengan pedido de captura en la Argentina o en otro país y así actuar en consecuencia.
Esta norma no alcanzará a los ciudadanos argentinos, residentes permanentes legales o extranjeros residentes, se informó oficialmente.
La iniciativa se produce en el marco del endurecimiento de las políticas migratorias que busca implementar el Gobierno a través de un decreto que se firmaría en los próximos días y que apunta a "impedir" el ingreso de delincuentes extranjeros al país y expulsarlos con mayor celeridad.
Puntualmente, se busca establecer que el trámite para expulsar a un extranjero que cometió un delito o tenga antecedentes no demore más de dos meses.
Para ello, se dispone la "obligación" para el Poder Judicial de "notificar" a la Dirección Migraciones "de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero", lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.