La fiscalía que investiga al detenido exsecretario de Obras Públicas, José López, pidió ayer que se cite como acusados a una monja del convento de General Rodríguez donde el ex funcionario kirchnerista intentó esconder casi 9 millones de dólares y a un contador y un empresario vinculados a la obra pública.
Además, en su dictamen, el fiscal federal Federico Delgado, concluyó que López se enriqueció ilícitamente a raíz de delitos cometidos con la adjudicación de obra pública bajo control del área a su cargo e incluyó en sus pedidos de indagatorias a la esposa del ya procesado exfuncionario, Maria Amalia Díaz.
Ahora, el juez de la causa, Daniel Rafecas, deberá resolver si ordena lo pedido por Delgado aunque antes el juzgado requirió a la fiscalía el envío de toda la prueba, los documentos y el video completo en que basó su dictamen.
Es que, al formular las nuevas imputaciones y reclamar las indagatorias, el fiscal sostuvo su argumentación con lo visto en el video que trascendió la noche del martes a través del canal Telefé, en el que se ve a López acercando los bolsos con el dinero y un arma, y a religiosas ayudándolo desde adentro del monasterio, entre otras pruebas.
A esas imágenes se suma información relativa a 34 llamados hechos por López y su esposa en las 14 horas previas al episodio del dinero, ocurrido en la madrugada del 14 de junio pasado.
También aludió a documentación sobre los vínculos del exfuncionario con el contador Andrés Galera y el constructor Eduardo Gutiérrez, y, al pedir sus indagatorias, sostuvo que ambos habrían actuado como cómplices del enriquecimiento ilícito de López, delito que prevé hasta seis años de prisión.
En tanto una de las monjas que colaboraron esa madrugada con el ex secretario de Obras Públicas, Celia Aparicio -la "hermana Inés"- fue acusada por Delgado de ayudar a López en tanto la encargada del convento, Alba Día de España Martínez Fernández - conocida como la "madre Alba"- también quedó vinculada pero se pidió que sea sometida a estudios médicos por su avanzada edad para determinar si puede enfrentar una causa penal.
Las monjas "fueron quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito", concluyó el fiscal y les imputó encubrimiento.
"No se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería", remarcó.
El dictamen fiscal fue más allá del día en que López escondió el dinero en el convento y apuntó al origen de ese dinero que, sostuvo, podría estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Además, en su dictamen, el fiscal federal Federico Delgado, concluyó que López se enriqueció ilícitamente a raíz de delitos cometidos con la adjudicación de obra pública bajo control del área a su cargo e incluyó en sus pedidos de indagatorias a la esposa del ya procesado exfuncionario, Maria Amalia Díaz.
Ahora, el juez de la causa, Daniel Rafecas, deberá resolver si ordena lo pedido por Delgado aunque antes el juzgado requirió a la fiscalía el envío de toda la prueba, los documentos y el video completo en que basó su dictamen.
Es que, al formular las nuevas imputaciones y reclamar las indagatorias, el fiscal sostuvo su argumentación con lo visto en el video que trascendió la noche del martes a través del canal Telefé, en el que se ve a López acercando los bolsos con el dinero y un arma, y a religiosas ayudándolo desde adentro del monasterio, entre otras pruebas.
A esas imágenes se suma información relativa a 34 llamados hechos por López y su esposa en las 14 horas previas al episodio del dinero, ocurrido en la madrugada del 14 de junio pasado.
También aludió a documentación sobre los vínculos del exfuncionario con el contador Andrés Galera y el constructor Eduardo Gutiérrez, y, al pedir sus indagatorias, sostuvo que ambos habrían actuado como cómplices del enriquecimiento ilícito de López, delito que prevé hasta seis años de prisión.
En tanto una de las monjas que colaboraron esa madrugada con el ex secretario de Obras Públicas, Celia Aparicio -la "hermana Inés"- fue acusada por Delgado de ayudar a López en tanto la encargada del convento, Alba Día de España Martínez Fernández - conocida como la "madre Alba"- también quedó vinculada pero se pidió que sea sometida a estudios médicos por su avanzada edad para determinar si puede enfrentar una causa penal.
Las monjas "fueron quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito", concluyó el fiscal y les imputó encubrimiento.
"No se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería", remarcó.
El dictamen fiscal fue más allá del día en que López escondió el dinero en el convento y apuntó al origen de ese dinero que, sostuvo, podría estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
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La fiscalía que investiga al detenido exsecretario de Obras Públicas, José López, pidió ayer que se cite como acusados a una monja del convento de General Rodríguez donde el ex funcionario kirchnerista intentó esconder casi 9 millones de dólares y a un contador y un empresario vinculados a la obra pública.
Además, en su dictamen, el fiscal federal Federico Delgado, concluyó que López se enriqueció ilícitamente a raíz de delitos cometidos con la adjudicación de obra pública bajo control del área a su cargo e incluyó en sus pedidos de indagatorias a la esposa del ya procesado exfuncionario, Maria Amalia Díaz.
Ahora, el juez de la causa, Daniel Rafecas, deberá resolver si ordena lo pedido por Delgado aunque antes el juzgado requirió a la fiscalía el envío de toda la prueba, los documentos y el video completo en que basó su dictamen.
Es que, al formular las nuevas imputaciones y reclamar las indagatorias, el fiscal sostuvo su argumentación con lo visto en el video que trascendió la noche del martes a través del canal Telefé, en el que se ve a López acercando los bolsos con el dinero y un arma, y a religiosas ayudándolo desde adentro del monasterio, entre otras pruebas.
A esas imágenes se suma información relativa a 34 llamados hechos por López y su esposa en las 14 horas previas al episodio del dinero, ocurrido en la madrugada del 14 de junio pasado.
También aludió a documentación sobre los vínculos del exfuncionario con el contador Andrés Galera y el constructor Eduardo Gutiérrez, y, al pedir sus indagatorias, sostuvo que ambos habrían actuado como cómplices del enriquecimiento ilícito de López, delito que prevé hasta seis años de prisión.
En tanto una de las monjas que colaboraron esa madrugada con el ex secretario de Obras Públicas, Celia Aparicio -la "hermana Inés"- fue acusada por Delgado de ayudar a López en tanto la encargada del convento, Alba Día de España Martínez Fernández - conocida como la "madre Alba"- también quedó vinculada pero se pidió que sea sometida a estudios médicos por su avanzada edad para determinar si puede enfrentar una causa penal.
Las monjas "fueron quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito", concluyó el fiscal y les imputó encubrimiento.
"No se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería", remarcó.
El dictamen fiscal fue más allá del día en que López escondió el dinero en el convento y apuntó al origen de ese dinero que, sostuvo, podría estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
Además, en su dictamen, el fiscal federal Federico Delgado, concluyó que López se enriqueció ilícitamente a raíz de delitos cometidos con la adjudicación de obra pública bajo control del área a su cargo e incluyó en sus pedidos de indagatorias a la esposa del ya procesado exfuncionario, Maria Amalia Díaz.
Ahora, el juez de la causa, Daniel Rafecas, deberá resolver si ordena lo pedido por Delgado aunque antes el juzgado requirió a la fiscalía el envío de toda la prueba, los documentos y el video completo en que basó su dictamen.
Es que, al formular las nuevas imputaciones y reclamar las indagatorias, el fiscal sostuvo su argumentación con lo visto en el video que trascendió la noche del martes a través del canal Telefé, en el que se ve a López acercando los bolsos con el dinero y un arma, y a religiosas ayudándolo desde adentro del monasterio, entre otras pruebas.
A esas imágenes se suma información relativa a 34 llamados hechos por López y su esposa en las 14 horas previas al episodio del dinero, ocurrido en la madrugada del 14 de junio pasado.
También aludió a documentación sobre los vínculos del exfuncionario con el contador Andrés Galera y el constructor Eduardo Gutiérrez, y, al pedir sus indagatorias, sostuvo que ambos habrían actuado como cómplices del enriquecimiento ilícito de López, delito que prevé hasta seis años de prisión.
En tanto una de las monjas que colaboraron esa madrugada con el ex secretario de Obras Públicas, Celia Aparicio -la "hermana Inés"- fue acusada por Delgado de ayudar a López en tanto la encargada del convento, Alba Día de España Martínez Fernández - conocida como la "madre Alba"- también quedó vinculada pero se pidió que sea sometida a estudios médicos por su avanzada edad para determinar si puede enfrentar una causa penal.
Las monjas "fueron quienes colaboraron con López para ocultar los rastros del delito", concluyó el fiscal y les imputó encubrimiento.
"No se limitaron a monitorear la llegada de López al convento, también lo recibieron y ayudaron a ingresar el dinero a la casa. Se manejaron con mucha tranquilidad teniendo en cuenta que a centímetros de la puerta había un fusil apoyado en el piso de la galería", remarcó.
El dictamen fiscal fue más allá del día en que López escondió el dinero en el convento y apuntó al origen de ese dinero que, sostuvo, podría estar relacionado con ilícitos en la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.