La ley de acceso a la información pública, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, comenzará a ser debatida el próximo martes en un plenario de comisiones del Senado, con la presencia de especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
La discusión tendrá lugar en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, y Justicia y Asuntos Penales, que iniciará a las 11.30 con otros temas: la ampliación de los miembros de la Corte Suprema y la obligatoriedad de los debates preelectorales.
Al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo se le sumarán otras 10 iniciativas, de Juan Manuel Irrazábal, Juan Manuel Abal Medina, Mario Pais, Daniel Pérsico (FPV), Ángel Rozas, Luis Naidenoff, Juan Carlos Marino (UCR), Magdalena Odarda (CC), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Norma Morandini (MC).
El proyecto fue aprobado el 18 de mayo pasado en la Cámara de Diputados de manera casi unánime, con 229 votos a favor, cuatro en contra y una sola abstención, y luego fue defendido en el Senado por el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez.
Establece que "toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado".
Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de "mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada".
La ley alcanza a los tres poderes del Estado y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria. También son sujetos obligados los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, operadores de juegos de azar y más.
La discusión tendrá lugar en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, y Justicia y Asuntos Penales, que iniciará a las 11.30 con otros temas: la ampliación de los miembros de la Corte Suprema y la obligatoriedad de los debates preelectorales.
Al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo se le sumarán otras 10 iniciativas, de Juan Manuel Irrazábal, Juan Manuel Abal Medina, Mario Pais, Daniel Pérsico (FPV), Ángel Rozas, Luis Naidenoff, Juan Carlos Marino (UCR), Magdalena Odarda (CC), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Norma Morandini (MC).
El proyecto fue aprobado el 18 de mayo pasado en la Cámara de Diputados de manera casi unánime, con 229 votos a favor, cuatro en contra y una sola abstención, y luego fue defendido en el Senado por el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez.
Establece que "toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado".
Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de "mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada".
La ley alcanza a los tres poderes del Estado y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria. También son sujetos obligados los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, operadores de juegos de azar y más.
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La ley de acceso a la información pública, que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados, comenzará a ser debatida el próximo martes en un plenario de comisiones del Senado, con la presencia de especialistas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
La discusión tendrá lugar en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, y Justicia y Asuntos Penales, que iniciará a las 11.30 con otros temas: la ampliación de los miembros de la Corte Suprema y la obligatoriedad de los debates preelectorales.
Al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo se le sumarán otras 10 iniciativas, de Juan Manuel Irrazábal, Juan Manuel Abal Medina, Mario Pais, Daniel Pérsico (FPV), Ángel Rozas, Luis Naidenoff, Juan Carlos Marino (UCR), Magdalena Odarda (CC), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Norma Morandini (MC).
El proyecto fue aprobado el 18 de mayo pasado en la Cámara de Diputados de manera casi unánime, con 229 votos a favor, cuatro en contra y una sola abstención, y luego fue defendido en el Senado por el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez.
Establece que "toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado".
Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de "mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada".
La ley alcanza a los tres poderes del Estado y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria. También son sujetos obligados los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, operadores de juegos de azar y más.
La discusión tendrá lugar en una reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto, y Justicia y Asuntos Penales, que iniciará a las 11.30 con otros temas: la ampliación de los miembros de la Corte Suprema y la obligatoriedad de los debates preelectorales.
Al proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo se le sumarán otras 10 iniciativas, de Juan Manuel Irrazábal, Juan Manuel Abal Medina, Mario Pais, Daniel Pérsico (FPV), Ángel Rozas, Luis Naidenoff, Juan Carlos Marino (UCR), Magdalena Odarda (CC), Fernando "Pino" Solanas (Proyecto Sur) y Norma Morandini (MC).
El proyecto fue aprobado el 18 de mayo pasado en la Cámara de Diputados de manera casi unánime, con 229 votos a favor, cuatro en contra y una sola abstención, y luego fue defendido en el Senado por el secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Adrián Pérez.
Establece que "toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive la solicitud, que acredite derecho subjetivo o interés legítimo o que cuente con patrocinio letrado".
Toda solicitud de información debería ser satisfecha en un plazo no mayor a 15 días hábiles, prorrogables por otros 15 en caso de "mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada".
La ley alcanza a los tres poderes del Estado y las empresas con mayoría estatal y con participación minoritaria. También son sujetos obligados los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, operadores de juegos de azar y más.