El detenido empresario Lázaro Báez reclamó ayer investigar a los máximos responsables del Poder Ejecutivo nacional en los últimos gobiernos y sus funcionarios, al rechazar haber sido "el zar de la obra pública" en el kirchnerismo.
Además, pidió una audiencia personal ante la Cámara Federal porteña, que le fue concedida para el próximo lunes, según consignaron fuentes judiciales.
La defensa de Báez entregó ayer un escrito al juez federal Sebastián Casanello, en el cual el titular de "Austral Construcciones" cuestionó su detención, lo acusó de "direccionar" la causa y reclamó "sincerar" el objeto de la investigación para que abarque a todos los que debían controlar y adjudicar la obra pública.
Además, pidió al juez y al fiscal federal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".
"A tal fin será un paso ineludible la investigación a todos los empresarios, como así también a los órganos del Estado que actuaran en la fase ejecutiva y/o de control", agregó.
"Parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos", consideró en el escrito. No obstante, advirtió que "sin embargo, los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control".
El imputado también incluyó un listado de 35 empresas que, junto a Austral Construcciones, fueron beneficiadas con obra pública durante los gobiernos kirchneristas, parte de ellas adjudicatarias en la región Patagónica.
Además, pidió una audiencia personal ante la Cámara Federal porteña, que le fue concedida para el próximo lunes, según consignaron fuentes judiciales.
La defensa de Báez entregó ayer un escrito al juez federal Sebastián Casanello, en el cual el titular de "Austral Construcciones" cuestionó su detención, lo acusó de "direccionar" la causa y reclamó "sincerar" el objeto de la investigación para que abarque a todos los que debían controlar y adjudicar la obra pública.
Además, pidió al juez y al fiscal federal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".
"A tal fin será un paso ineludible la investigación a todos los empresarios, como así también a los órganos del Estado que actuaran en la fase ejecutiva y/o de control", agregó.
"Parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos", consideró en el escrito. No obstante, advirtió que "sin embargo, los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control".
El imputado también incluyó un listado de 35 empresas que, junto a Austral Construcciones, fueron beneficiadas con obra pública durante los gobiernos kirchneristas, parte de ellas adjudicatarias en la región Patagónica.
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El detenido empresario Lázaro Báez reclamó ayer investigar a los máximos responsables del Poder Ejecutivo nacional en los últimos gobiernos y sus funcionarios, al rechazar haber sido "el zar de la obra pública" en el kirchnerismo.
Además, pidió una audiencia personal ante la Cámara Federal porteña, que le fue concedida para el próximo lunes, según consignaron fuentes judiciales.
La defensa de Báez entregó ayer un escrito al juez federal Sebastián Casanello, en el cual el titular de "Austral Construcciones" cuestionó su detención, lo acusó de "direccionar" la causa y reclamó "sincerar" el objeto de la investigación para que abarque a todos los que debían controlar y adjudicar la obra pública.
Además, pidió al juez y al fiscal federal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".
"A tal fin será un paso ineludible la investigación a todos los empresarios, como así también a los órganos del Estado que actuaran en la fase ejecutiva y/o de control", agregó.
"Parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos", consideró en el escrito. No obstante, advirtió que "sin embargo, los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control".
El imputado también incluyó un listado de 35 empresas que, junto a Austral Construcciones, fueron beneficiadas con obra pública durante los gobiernos kirchneristas, parte de ellas adjudicatarias en la región Patagónica.
Además, pidió una audiencia personal ante la Cámara Federal porteña, que le fue concedida para el próximo lunes, según consignaron fuentes judiciales.
La defensa de Báez entregó ayer un escrito al juez federal Sebastián Casanello, en el cual el titular de "Austral Construcciones" cuestionó su detención, lo acusó de "direccionar" la causa y reclamó "sincerar" el objeto de la investigación para que abarque a todos los que debían controlar y adjudicar la obra pública.
Además, pidió al juez y al fiscal federal Guillermo Marijuan que "sinceren el objeto del proceso si es que pretenden continuar con la inadmisible lógica de presunción de ilicitud general de mi patrimonio".
"A tal fin será un paso ineludible la investigación a todos los empresarios, como así también a los órganos del Estado que actuaran en la fase ejecutiva y/o de control", agregó.
"Parecería que el procesamiento en esta causa y la prisión preventiva dictada a mi respecto responde a fines vindicativos o propenden a cuestionar las políticas de Estado y/o de control adoptadas por los últimos gobiernos", consideró en el escrito. No obstante, advirtió que "sin embargo, los actores centrales de ello no somos nosotros sino los máximos responsables del Poder Ejecutivo Nacional, los funcionarios de las carteras más importantes, los distintos actores del Congreso (Diputados y Senadores, nacionales y provinciales), y los demás funcionarios de la administración pública de todos los partidos políticos sobre quienes reposaba el deber de control".
El imputado también incluyó un listado de 35 empresas que, junto a Austral Construcciones, fueron beneficiadas con obra pública durante los gobiernos kirchneristas, parte de ellas adjudicatarias en la región Patagónica.