Una acción autónoma de inconstitucionalidad fue promovida ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy por el diputado nacional Mario Fiad, los legisladores provinciales Alejandra Martínez, Carlos Oehler y Pablo Baca, la secretaria de Derechos Humanos de la UCR María Inés Zigarán, el vocal de la Comisión Municipal de Yala Santiago Tizón y el titular del Partido Socialista de Jujuy Ramiro Tizón.
En la demandan se encuentran también las excepciones, como la que le da discrecionalidad al Ejecutivo para negar información.
La presentación -que cuenta con el patrocinio letrado de los abogados Javier Gronda y Matías Luna- cuestionó diversos artículos del reciente Decreto Nº 5.081/14 reglamentario de la Ley 4.444, así como el artículo 10 de dicha ley, por importar restricciones evidentes para el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a información pública, indicaron a través de un parte de prensa.
Mario Fiad, candidato al Parlasur por el Frente Cambia Jujuy, puso de relieve que "el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de una mejor ciudadanía, porque permite la formación de una opinión fundada sobre la gestión".
La diputada Alejandra Martínez, candidata a diputada nacional por la Lista "Un nuevo Gobierno" del Frente Cambia Jujuy, puso de relieve que el radicalismo, fiel a su tradición republicana ha tenido históricamente un compromiso con la transparencia pública, y recordó que inclusive el senador nacional Gerardo Morales ha sido autor de un proyecto de ley para hacer efectivo el derecho de acceso a la información en el ámbito nacional que fue aprobado por el Senado y quedó finalmente trunco porque no obtuvo media sanción en Diputados.
Gronda explicó que la acción persigue "la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones y, por lo tanto, que se dejen sin efecto por ser contrarias a las Constituciones de la Provincia y Nación, a tratados internacionales con jerarquía constitucional, a las propias disposiciones de la Ley 4.444 y a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia".
Los actores han cuestionado el artículo 10 de la ley que exige para el ejercicio del derecho el requisito de tener "residencia en la Provincia". Y se cuestiona el Decreto 5.081 en su artículo 4 que restringe a los legisladores el uso del mecanismo.
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Una acción autónoma de inconstitucionalidad fue promovida ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy por el diputado nacional Mario Fiad, los legisladores provinciales Alejandra Martínez, Carlos Oehler y Pablo Baca, la secretaria de Derechos Humanos de la UCR María Inés Zigarán, el vocal de la Comisión Municipal de Yala Santiago Tizón y el titular del Partido Socialista de Jujuy Ramiro Tizón.
En la demandan se encuentran también las excepciones, como la que le da discrecionalidad al Ejecutivo para negar información.
La presentación -que cuenta con el patrocinio letrado de los abogados Javier Gronda y Matías Luna- cuestionó diversos artículos del reciente Decreto Nº 5.081/14 reglamentario de la Ley 4.444, así como el artículo 10 de dicha ley, por importar restricciones evidentes para el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a información pública, indicaron a través de un parte de prensa.
Mario Fiad, candidato al Parlasur por el Frente Cambia Jujuy, puso de relieve que "el acceso a la información es una herramienta fundamental para la construcción de una mejor ciudadanía, porque permite la formación de una opinión fundada sobre la gestión".
La diputada Alejandra Martínez, candidata a diputada nacional por la Lista "Un nuevo Gobierno" del Frente Cambia Jujuy, puso de relieve que el radicalismo, fiel a su tradición republicana ha tenido históricamente un compromiso con la transparencia pública, y recordó que inclusive el senador nacional Gerardo Morales ha sido autor de un proyecto de ley para hacer efectivo el derecho de acceso a la información en el ámbito nacional que fue aprobado por el Senado y quedó finalmente trunco porque no obtuvo media sanción en Diputados.
Gronda explicó que la acción persigue "la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones y, por lo tanto, que se dejen sin efecto por ser contrarias a las Constituciones de la Provincia y Nación, a tratados internacionales con jerarquía constitucional, a las propias disposiciones de la Ley 4.444 y a la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia".
Los actores han cuestionado el artículo 10 de la ley que exige para el ejercicio del derecho el requisito de tener "residencia en la Provincia". Y se cuestiona el Decreto 5.081 en su artículo 4 que restringe a los legisladores el uso del mecanismo.