El Gobierno de Enrique Peña Nieto suspendió sin fecha una reunión en Acapulco, estado de Guerrero, con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en la que debía tratarse la autorización a revisar los cuarteles para buscarlos, primero concedida y luego restringida, por lo que el vocero de los padres de las víctimas dijo que el Ejecutivo apuesta "al olvido" de esa tragedia.
El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, indicó que la reunión que tenían programada para ayer con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, fue suspendida la noche del lunes por las autoridades aduciendo que "hay movilizaciones en Guerrero".
El Gobierno "pretende que esto quede en el olvido, pero no lo van a lograr", dijo De la Cruz, y agregó que "no nos dan ninguna fecha" para la reunión. La movilización a la que aludió el gobierno al decir que "no había condiciones" para el encuentro, es la de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (Ceteg) que reclaman el pago de salarios atrasados.
El objetivo de la reunión era hablar sobre la revisión de los cuarteles militares por parte de una comisión de padres y compañeros de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron a manos de policías corruptos y criminales el 26 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.
El Gobierno mexicano aceptó hace ya varias semanas la petición de los familiares de que se les permitiera buscar a los jóvenes en cuarteles militares, aunque después aclaró que el acceso sólo sería al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala.
Los padres reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre, en los que también murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías locales.
Pero el Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de las fuerzas federales o castrenses y la Fiscalía se ha negado a abrir una línea de investigación sobre ello. La Fiscalía aseguró en enero que comprobó científicamente que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero de la localidad de Cocula, vecina a Iguala, por miembros del cártel Guerreros Unidos, pero los familiares de las víctimas no creen en esta hipótesis oficial.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla
El Gobierno de Enrique Peña Nieto suspendió sin fecha una reunión en Acapulco, estado de Guerrero, con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en la que debía tratarse la autorización a revisar los cuarteles para buscarlos, primero concedida y luego restringida, por lo que el vocero de los padres de las víctimas dijo que el Ejecutivo apuesta "al olvido" de esa tragedia.
El portavoz de los padres, Felipe de la Cruz, indicó que la reunión que tenían programada para ayer con el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, fue suspendida la noche del lunes por las autoridades aduciendo que "hay movilizaciones en Guerrero".
El Gobierno "pretende que esto quede en el olvido, pero no lo van a lograr", dijo De la Cruz, y agregó que "no nos dan ninguna fecha" para la reunión. La movilización a la que aludió el gobierno al decir que "no había condiciones" para el encuentro, es la de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (Ceteg) que reclaman el pago de salarios atrasados.
El objetivo de la reunión era hablar sobre la revisión de los cuarteles militares por parte de una comisión de padres y compañeros de los alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa que desaparecieron a manos de policías corruptos y criminales el 26 de septiembre pasado en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.
El Gobierno mexicano aceptó hace ya varias semanas la petición de los familiares de que se les permitiera buscar a los jóvenes en cuarteles militares, aunque después aclaró que el acceso sólo sería al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala.
Los padres reclaman al Gobierno que investigue el papel del Ejército en los hechos violentos del 26 de septiembre, en los que también murieron seis personas y otras 25 resultaron heridas en ataques a tiros perpetrados por policías locales.
Pero el Gobierno ha rechazado tajantemente la participación de las fuerzas federales o castrenses y la Fiscalía se ha negado a abrir una línea de investigación sobre ello. La Fiscalía aseguró en enero que comprobó científicamente que los jóvenes fueron asesinados e incinerados en un basurero de la localidad de Cocula, vecina a Iguala, por miembros del cártel Guerreros Unidos, pero los familiares de las víctimas no creen en esta hipótesis oficial.