La candidatura del jurista Roberto Carlés para ocupar la vacante que dejó Raúl Zaffaroni por su renuncia a la Corte Suprema de Justicia sumó ayer otra impugnación.
Se trata de una presentación que realizó la exdiputada Fernanda Gil Lozano del Frente Renovador, en la que cuestiona al postulante del Gobierno y sostiene que ese lugar debe ser integrado por una mujer "para garantizar la representación femenina y la diversidad de género".
El escrito detalla que fue promovido tomando como referencia el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, la Ley 26.183 y el Decreto 222/03, que funcionan como marco normativo del proceso de designación de los miembros de la Corte, de los cuales se desprende que "la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".
Al respecto, la dirigente remarcó que en enero de 2005 el expresidente Néstor Kirchner designó a la Carmen Argibay en la Corte, "hecho que mereció un reconocimiento unánime" porque a partir de su nombramiento (que se sumó al de Elena Highton de Nolasco) "se concretó la voluntad del exmandatario de incorporar mujeres al más alto tribunal del país". Gil Lozano destacó que "la incorporación de las ministras, no sólo significó un logro en sí mismo, sino que impulsó los avances más importantes efectuados en esta década en materia de género".
La dirigente massista explicó que con la actual composición de cuatro miembros, entre los que sólo hay una mujer, "corresponde que la vacante producida sea integrada por otra representante femenina, a fines de dar cumplimiento a los estándares mínimos de participación", por lo que la propuesta de Carlés "se contrapone al espíritu del Decreto 222/2003 sancionado por el expresidente Kirchner, a la Constitución Nacional y a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer".
La postulación de Carlés ya había recibido, con otros argumentos, impugnaciones por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la ONG "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional".
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La candidatura del jurista Roberto Carlés para ocupar la vacante que dejó Raúl Zaffaroni por su renuncia a la Corte Suprema de Justicia sumó ayer otra impugnación.
Se trata de una presentación que realizó la exdiputada Fernanda Gil Lozano del Frente Renovador, en la que cuestiona al postulante del Gobierno y sostiene que ese lugar debe ser integrado por una mujer "para garantizar la representación femenina y la diversidad de género".
El escrito detalla que fue promovido tomando como referencia el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, la Ley 26.183 y el Decreto 222/03, que funcionan como marco normativo del proceso de designación de los miembros de la Corte, de los cuales se desprende que "la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal".
Al respecto, la dirigente remarcó que en enero de 2005 el expresidente Néstor Kirchner designó a la Carmen Argibay en la Corte, "hecho que mereció un reconocimiento unánime" porque a partir de su nombramiento (que se sumó al de Elena Highton de Nolasco) "se concretó la voluntad del exmandatario de incorporar mujeres al más alto tribunal del país". Gil Lozano destacó que "la incorporación de las ministras, no sólo significó un logro en sí mismo, sino que impulsó los avances más importantes efectuados en esta década en materia de género".
La dirigente massista explicó que con la actual composición de cuatro miembros, entre los que sólo hay una mujer, "corresponde que la vacante producida sea integrada por otra representante femenina, a fines de dar cumplimiento a los estándares mínimos de participación", por lo que la propuesta de Carlés "se contrapone al espíritu del Decreto 222/2003 sancionado por el expresidente Kirchner, a la Constitución Nacional y a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer".
La postulación de Carlés ya había recibido, con otros argumentos, impugnaciones por parte del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la ONG "Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional".