A menos de una semana de que la oposición tome el control del Parlamento en Venezuela, la impugnación de nueve diputados opositores electos por parte del oficialismo chavista profundizó la tensión política, que anuncia un choque abierto de poderes, en un país ya agobiado por la crisis económica.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió los recursos presentados el lunes y martes por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra legisladores electos en distintas regiones del país. De aceptarse las impugnaciones, la oposición perdería la mayoría calificada que obtuvo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Las impugnaciones incluyen una medida cautelar y de suspensión, que dejaría sin efecto la elección de nueve diputados, por lo que no podrían asumir sus cargos el 5 de enero cuando se instale el nuevo Parlamento, en el que por primera vez en 17 años de gobierno, los chavistas serán minoría, 55 contra 112 opositores.
La acción del oficialismo desató una ola de reacciones en la oposición. El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, envió ayer cartas a los representantes de la ONU, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los bloques regionales Mercosur y Unasur.
"El país, la región y el mundo están ante un intento de golpe de Estado Judicial contra la decisión del pueblo venezolano expresada en las mesas de votación", subrayó en la misiva, y agregó que el oficialismo está "poniendo a decidir a magistrados que son al mismo tiempo jueces y parte".
Los analistas advierten que el incremento del conflicto político provocaría una crisis aun mayor que la de 2015, que cerrará con una inflación de 200% y una caída del PIB cercana al 20%.
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A menos de una semana de que la oposición tome el control del Parlamento en Venezuela, la impugnación de nueve diputados opositores electos por parte del oficialismo chavista profundizó la tensión política, que anuncia un choque abierto de poderes, en un país ya agobiado por la crisis económica.
La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) recibió los recursos presentados el lunes y martes por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) contra legisladores electos en distintas regiones del país. De aceptarse las impugnaciones, la oposición perdería la mayoría calificada que obtuvo en las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Las impugnaciones incluyen una medida cautelar y de suspensión, que dejaría sin efecto la elección de nueve diputados, por lo que no podrían asumir sus cargos el 5 de enero cuando se instale el nuevo Parlamento, en el que por primera vez en 17 años de gobierno, los chavistas serán minoría, 55 contra 112 opositores.
La acción del oficialismo desató una ola de reacciones en la oposición. El secretario ejecutivo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, envió ayer cartas a los representantes de la ONU, la Unión Europea (UE), la Organización de Estados Americanos (OEA) y los bloques regionales Mercosur y Unasur.
"El país, la región y el mundo están ante un intento de golpe de Estado Judicial contra la decisión del pueblo venezolano expresada en las mesas de votación", subrayó en la misiva, y agregó que el oficialismo está "poniendo a decidir a magistrados que son al mismo tiempo jueces y parte".
Los analistas advierten que el incremento del conflicto político provocaría una crisis aun mayor que la de 2015, que cerrará con una inflación de 200% y una caída del PIB cercana al 20%.