Abogados penalistas remarcaron la debilidad probatoria de los argumentos de la denuncia del fiscal, Alberto Nisman, por el supuesto “encubrimiento” a los iraníes imputados en la causa Amia, e indicaron que con los elementos existentes con los que cuentan “costará probar” la existencia de un delito.
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Abogados penalistas remarcaron la debilidad probatoria de los argumentos de la denuncia del fiscal, Alberto Nisman, por el supuesto “encubrimiento” a los iraníes imputados en la causa Amia, e indicaron que con los elementos existentes con los que cuentan “costará probar” la existencia de un delito.
“El fiscal hace un pormenorizado relato de cómo sucedieron las cosas. Pero parte de una premisa que, desde mi punto de vista, no es tal. Dice que el Memorándum implicaba per se la impunidad de los acusados iraníes en la causa Amia, y ello no es así”, aseguró la abogada penalista María Eugenia Talerico.
En este sentido, Talerico recordó que el Memorándum implicaba la conformación de una “Comisión de la Verdad”, e indicó que si bien puede haber sido criticada por la oposición en el Congreso, “la sola aprobación no llevaba consigo un hecho de impunidad”.
Según la abogada, bien puede uno sostener que el acuerdo sea “inmoral, irritante, ofensivo” a la identidad nacional o inconstitucional, “pero de allí a asegurar la existencia del delito de encubrimiento, con base en la construcción probatoria de la denuncia, quizá resulte un exceso”, aseguró.
Respecto de las escuchas telefónicas presentadas por Nisman, el abogado penalista del estudio Casal, Romero Victorica & Vigliero, Juan Pablo Vigliero, recordó que en materia penal “las circunstancias o el hecho que se intente probar no pueden ser fruto de un medio probatorio ilegal”. En resumen, indicó: “Un acto ilegal no puede rendir frutos”.
Por su parte, el abogado penalista, Gonzalo Díaz Cantón, consideró que “si (las escuchas) están legalmente ordenadas por un juez competente, son una prueba como cualquier otra”, aunque remarcó que bien podría Luis D"Elía “decir que quiso pasar por alguien que tenía prerrogativas e instrucciones del Gobierno, pero que se cortaba solo”.
En este sentido, reflexionó, hay que tener en cuenta que en las conversaciones “no están las voces de funcionarios públicos, sino que se escucha a emisarios que hablan, llevan y traen mensajes oficiales”.
Finalmente, un juez penal que prefirió no revelar su nombre al matutino, se preguntó: “Si esto fuera un encubrimiento, ¿No deberían estar acusados todos los diputados que votaron?”.