El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy un total de 24 allanamientos en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, en la que el expresidente Alberto Fernández es uno de los imputados. Según trascendió, los procedimientos apuntan a obtener nueva información sobre las contrataciones millonarias y la aparición de intermediarios.
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El juez federal Julián Ercolini ordenó hoy un total de 24 allanamientos en el marco de la causa por el escándalo de los seguros, en la que el expresidente Alberto Fernández es uno de los imputados. Según trascendió, los procedimientos apuntan a obtener nueva información sobre las contrataciones millonarias y la aparición de intermediarios.
“Se están allanando empresas y personas”, dijo una fuente judicial cuando comenzaban los procedimientos.
Ercolini tiene hasta ahora dos causas por el escándalo de los seguros. Una se inició a partir de una denuncia de la abogada Silvina Martínez, a la que se anexó una presentación de los diputados de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto. La segunda comenzó con la denuncia que hizo el Gobierno por los seguros que se contrataban para darle cobertura a los jubilados y pensionados que tomaban créditos de la ANSES.
Alberto Fernández está imputado en las dos causas, pero todavía no definió su estrategia judicial.
El resto de los imputados son los brokers Héctor Martínez Sosa y Pablo Torres García, el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano, y el ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), Federico D’Angelo Campos.
Hace un mes, el juez ya había allanado los domicilios de Pagliano y los brokers involucrados, pero también mandó a la PFA para que se presente en las oficinas de los intermediarios para llevarse los contratos. Horas después, ordenó un total de 45 operativos en organismos del Estado para obtener los convenios y las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y el último día del gobierno de Alberto Fernández.
La ronda de medidas terminó con procedimientos sobre un total de 27 brokers. En ese listado figuraban Bachellier SA (vinculada a Martínez Sosa), Castello Mercuri SA (una de las firmas que monopolizaba los contratos con el Estado), y las dos firmas que aparecen en una nota enviada por D’Angelo Campos a Nación Seguros por el contrato para los créditos de los jubilados: San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros S.A. y TG Broker SA.
Una auditoría de Nación Seguros revela que Bachellier cobró $1.665.741.081 por comisiones entre 2020 y 2024. El año que más cobro fue 2022, con $700.416.803, tras el decreto de Alberto Fernández que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. Gran parte de las comisiones se explican por el contrato con Gendarmería Nacional, que significó $1363 millones en comisiones. El resto se completaron con los contratos con el Ministerio de Seguridad, PFA, PSA y Prefectura.