El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este lunes por la noche la puesta en marcha de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, tras detectarse “irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago” de las prestaciones. Hasta esclarecerse la situación, el Ejecutivo informó además que detendrá con efectivo inmediato todos los cobros.
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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció este lunes por la noche la puesta en marcha de una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las leyes de reparación patrimonial para víctimas de terrorismo de Estado, tras detectarse “irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago” de las prestaciones. Hasta esclarecerse la situación, el Ejecutivo informó además que detendrá con efectivo inmediato todos los cobros.
El comunicado de la cartera de Justicia reza: “El ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio [de Justicia de la Nación] determinó llegar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
Más adelante, explica: “la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.
“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, detalla.
En consecuencia, resuelven: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
Las escandalosas cifras que motivaron la decisión del Gobierno
En diálogo con LN+, Cúneo Libarona dijo que “más de 100 personas” percibieron alrededor de USD 150.000 en concepto de indemnización tras reclamar la prestación ante la Justicia empleando documentos, testigos y formularios falsos. “Descubrimos otra maniobra fraudulenta donde se presentaban personas que eran de Uruguay, que habían estado un breve lapso en la Argentina pero permanecieron detenidas en el país vecino. Sin embargo, reclaman un pago completo”, acotó.
“En 2021, las indemnizaciones perseguidas por familiares desaparecidos eran 7996 casos. Y de exiliados, 14400 casos. Y en exiliados tengo mucha trampa de quién estuvo y quién no. Tengo 350 juicios actuales y se me vienen cantidad de hijos de exiliados, que nacieron afuera. Nacieron en París, en Suecia, en Madrid y no volvieron a la Argentina. Insisten en que no pudieron tener sus lazos y yo trato de convencer a los tribunales que no está probado un perjuicio”, indicó.
“Estoy armando un cuerpo de auditores para revisar alrededor de 25.500 juicios, que están en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos. Hablamos de sumas incalculables. Hay mucho justo pero también muchísimo pecador. Hay muchísimo que está pago y falta por pagar. Y yo quiero dar con el pecador”, sentenció.
Para el integrante del gabinete de Javier Milei, “debe haber muchísimos más hechos y muchísimos más involucrados”. “Ante toda esta situación, nosotros decidimos pisar directamente los pagos. No queremos pagar. Que se lleven el escritorio en todo caso. Vamos a intimarlos para que devuelvan el dinero que se robaron. Y en caso de que ya lo hayan introducido al mercado, eso puede devenir también en un delito para lavado de activos”, insistió.
Y cerró: “Estoy convencido que estos hechos no se pueden haber dado si no existía de alguna manera alguna actuación de un funcionario público. Y lo que vos te das cuenta es que existía un festival de pagos. Se crearon estructuras para generar plata del Estado, ese Estado que se endeuda, ese Estado que capta plata de afuera y no la paga, ese Estado que de alguna manera emite. Hablamos de un Estado que se dedicaba a cometer fraudes o beneficiar”.