La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en el causa por el cupón PBI de 2013.
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La jueza Loretta Preska, del distrito Sur de Nueva York, falló a favor de la Argentina en el causa por el cupón PBI de 2013.
La Argentina había apelado el fallo que la obligaba a pagar casi 1.500 millones de dólares a cuatro fondos de cobertura por manipulación de datos en 2013.
Los demandantes fundaban su reclamo en la supuesta manipulación de datos del por entonces secretario de Comercio y responsable del INDEC, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI".
La “jueza Loretta Preska falla a favor de la República Argentina en el caso cupón PBI (2019)”, señaló en la red social “X” el experto financiero Sebastián Maril, que sigue en forma detallada la evolución de estos litigios contra el Estado argentino en el exterior.
Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor, explicó que “en el fallo de Preska no habló en absoluto del INDEC, ni habló sobre la posible mala fe de Argentina de cambiar la fórmula con la cual estimaba su PBI semanas antes de anunciar el pago para el año 2013. Preska le dedicó un solo párrafo a este tema del INDEC, diciendo que este juicio no se trata sobre el organismo y sobre la posible mala fe de Argentina de calcular equivocadamente su PBI”.
“Esto se trata de un tecnicismo: la cláusula 4.8 y 4.9 del prospecto, que se llama no action clause y que impide a los demandantes haber presentado esta demanda por motivos A, B y C que no voy a explicar ahora. Motivo por el cual afirma que esta demanda nunca podría haber sido presentada por los demandantes tal cual está porque no cumplía con la no action clause; es decir, entraron por la puerta equivocada. Hay que ver si la nueva demanda presentada en el 2023 se ve afectada por este fallo de Preska”, aclaró Maril.
En principio, el Estado argentino evita el pago de unos USD 1.400 millones en esta primera instancia en los tribunales estadounidenses frente a la demanda que iniciaron de manera conjunta los fondos Aurelius Capital, Novoriver, ACP, 683 Capital, WASO y Romano, entre otros.
En marzo de 2014 el gobierno de Cristina Kirchner resolvió que el crecimiento de la actividad económica de Argentina había sido inferior a lo informado en un principio y con aquel nuevo dato el Tesoro quedó eximido de pagar el cupón.
El 27 de marzo de 2014 el entonces ministro de Economía Áxel Kicillof informó que en el 2013 la economía creció un 3%, por debajo del 3,22% necesario para que se gatille el pago del cupón de PBI. “Es un muy buen desempeño de la economía argentina en un contexto internacional adverso”, aseguró el titular del Palacio de Hacienda, y explicó que dicha tasa fue “casi seis veces más” que la expansión económica experimentada por Alemania.
Pero el dato más relevante fue que de esta manera el gobierno argentino se evitó pagar más de USD 3.000 millones correspondientes al warrant atado al crecimiento del año anterior, en este caso 2013, lo que no evitó las demandas de tenedores en el exterior y que todavía están en proceso de resolución.
La manipulación de los datos del INDEC fue evidente durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, pero puntualmente los datos sobre crecimiento económico quedaron bajo la lupa dado el costo fiscal implícito en el pago del Cupón PBI, un incentivo ofrecido a los acreedores privados que aceptaron la histórica reestructuración de deuda soberana -en default desde diciembre de 2001- por más de USD 100.000 millones, concretada en febrero de 2005 por el gobierno de Néstor Kirchner, con Roberto Lavagna al frente del Ministerio de Economía.
La demanda en el exterior no solo se cursa en tribunales de los EEUU. El Estado argentino fue condenado en tribunales británicos debido a que la manipulación estadística durante la gestión de Cristina Kirchner afectó los intereses de los tenedores de estos y disminuyó su rentabilidad en el caso de los cupones atados al PBI.
Como consecuencia, el gobierno de Javier Milei apeló la decisión y para ello constituyó la semana pasada un fideicomiso de USD 337 millones como garantía para continuar el proceso judicial.